Sin ningún criterio de servicio público, el gobierno del estado de Yucatán gasta discrecionalmente cada mes decenas de millones de pesos en publicidad oficial, lo que le sirve para premiar a medios de comunicación afines y castigar a quienes critican la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
Según información del propio gobierno, en los primeros seis meses de 2010, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCG) pagó $138.7 millones a medios de comunicación, agencias de publicidad y otros proveedores del ramo. De esta cantidad, $63.2 millones, el 45.8% del total, terminó en manos de tres empresas con relaciones cercanas al gobierno: Televisa, TV Azteca y Grupo Sipse.
Discriminación
En ese mismo lapso, la CGCS contrató publicidad por $3.5 millones a un periódico de la ciudad de México -"El Universal"- y pagó decenas de millones de pesos más a diarios y revistas afines al régimen, sin circulación certificada. Diario de Yucatán y , de Grupo Megamedia, son excluidos de la pauta publicitaria del gobierno estatal porque publican información crítica sobre acciones de la actual administración. La medida del gobierno se toma no obstante que los periódicos de Grupo Megamedia son los únicos en el Estado con reportes de circulación auditados regularmente por el Instituto Verificador de Medios, el principal organismo que certifica la circulación de periódicos y revistas en todo el país.
El gobierno estatal, por medio de la CGCS, no contrata anuncios con Megamedia, incluso aquellos de interés público, como las listas de beneficiarios del programa estatal de becas. Esa información, sin embargo, apareció en las páginas de Diario de Yucatán, sin cargo al erario, en agosto pasado, porque Grupo Megamedia comprende la importancia social de su publicación.
Por un caso similar, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comenzó su 66a Asamblea General el viernes en Mérida, condenó en 2007 al gobierno de Guanajuato, que preside el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, por retirar la publicidad oficial de los diarios "a.m." y "Al Día", editados por Compañía Periodística Meridiano y líderes en ese estado.
En una carta enviada a Oliva, el entonces presidente de la SIP, Earl Maucker, expresó su condena a la actitud del gobierno estatal y agregó que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".
La SIP solicitó al gobernador la suspensión de las prácticas discriminatorias y estableció que "la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".
"Nuestra organización", dijo Maucker, "considera que utilizar el castigo para afectar las decisiones editoriales y políticas informativas de los medios de comunicación constituye un acto de corrupción".
En Yucatán, los gastos cada vez más cuantiosos del gobierno en comunicación e imagen -en 2009 ascendieron a $162.1 millones, dos veces más que lo autorizado por el Congreso- se realizan sin seguir criterios claros, transparentes y no discriminatorios. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente y empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
El gobierno del Estado ha privilegiado a la cadena nacional de televisión Televisa. Según información oficial proporcionada por la CGCS, en los primeros seis meses de 2010 esa dependencia facturó a esa compañía $32 millones por concepto de "servicios de cobertura y publicidad".
Además, la CGCS, entre otras erogaciones, pagó $598,221 en pasajes de avión para los invitados del evento Espacios 2010, organizado por esa empresa en marzo. También liquidó $86,000 por la contratación de baños portátiles y taxis especiales para la producción del programa "Hoy", en esta ciudad, mientras otras dependencias oficiales sufragaron más gastos de esa producción televisiva y de Espacios 2010.
Favoritos
Por si fuera poco, el corresponsal de esa cadena, Alejandro Sánchez Mézquita, recibió del gobierno en el primer semestre $127,200 ($21,200 al mes), "por servicios de audio y vídeo para cobertura de actividades y giras del Ejecutivo del Estado".
Televisión Azteca cobró en el mismo lapso $20.2 millones por concepto de "transmisión de spots televisivos de campañas institucionales y cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo".
Después de esas dos compañías, que tienen su sede en la ciudad de México y cubren todo el país, la tercera empresa más beneficiada por la pauta comercial del gobierno es Grupo Sipse, de Mérida. Solo en el primer semestre de este año, la Coordinación de Comunicación Social le pagó a ese consorcio $11.582,219 ($64,000 diarios), repartidos en las siguientes razones sociales: Novedades de Mérida (que edita Milenio Novedades), $2.250,000; Radiodifusión Los Cabos (editora del periódico De Peso), $750,000; Sipse, $1.611,845; Stereo Maya, $1.496,585, y Televisora de Yucatán (canal 2), $5.473,789.-MEGAMEDIA
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