El que avisa no es traidor, o eso dicen, y Urbanismo ya anunció que sancionaría a todas aquellas empresas que colocaran su publicidad en el mobiliario urbano ocasionando los consecuentes daños, físicos o simplemente estéticos. La medida se aprobó el pasado verano aunque su aplicación se ha hecho en varias fases. La primera ha consistido en el envío de cartas a las diferentes firmas comerciales que figuraban en los carteles pegados en farolas, bancos o demás mobiliario.
A sus responsables se les dio un plazo máximo de diez días para que tomaran cartas en el asunto. Si no lo hacían, la empresa municipal de limpieza, Limusa, se encargaría de acometer la retirada de los carteles y posteriormente facturaría los gastos a la empresa distribuidora de los mismos. Con la teoría sobre el papel llegó la hora de ponerla en práctica. Los técnicos la aplicaron y ya se conoce el primer balance. «A raíz de las cartas desaparecieron muchos carteles, aunque hubo dos que hicieron caso omiso», apuntan desde la Gerencia.
Concretamente se trata de una academia y una inmobiliaria. «Lo que se hizo fue abrirles el correspondiente expediente sancionador para que una vez tramitado Limusa limpiara el mobiliario urbano en el que ambas empresas se anunciaban. Al tener conocimiento del inicio del expediente, una de ellas procedió a la retirada, pero no la segunda, por lo que el proceso continúa».
No obstante, y a pesar de los datos facilitados por Urbanismo, la medida no ha demostrado aún su total efectividad, ya que la ciudad sigue plagada de anuncios particulares que se colocan en lugares públicos aún sin tener licencia. Desde Urbanismo matizan que sí se ha producido un descenso en la cantidad de carteles. «Se ha actuado sobre las siete u ocho empresas que más se repetían, y creemos que ha cundido el ejemplo y se ha reducido bastante la colocación de este tipo de publicidad».
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