Aprobada la Ley de Publicidad Institucional que impedirá la 'propaganda partidista'

El Parlament ha aprobado por asentimiento de todos los grupos la mayoría de puntos de la Ley de Publicidad Institucional (a excepción de los artículos 9 y 10 y la Disposición final segunda, que contó con el rechazo de UM), mediante la cual se impedirá la "propaganda política y partidista" por parte de las administraciones públicas, según ha recalcado la portavoz del Govern, Joana Barceló.

Durante el debate, todos los grupos han rechazado tres enmiendas de UM, en las que los regionalistas solicitaban que no se creara la Comisión de Publicidad Institucional en el Parlament, al considerar que en plena crisis económica, hay que "estrecharse el cinturón" y evitar la constitución de nuevas estructuras administrativas.

Así, el resto de grupos defendieron la creación de esta Comisión, que será la encargada de vigilar que se cumplen los requisitos y principios de la citada Ley, de forma que anualmente, presentará un informe anual de la actividad de publicidad institucional.

Por su parte, el portavoz de UM, Josep Melià, proponía que, en lugar de crearse esta Comisión, que supondrá un gasto a las arcas públicas, fueran las propias instituciones las que anualmente, elaboraran unamemoria anual de sus actividades de publicidad institucional, que, posteriormente, fuese aprobada por los órganos de gobierno correspondientes de cada administración. En el caso de los Ayuntamientos, planteaba que esta medida sólo fuese aplicable a los municipios de más de 50.000 habitantes.

Barceló ha recalcado que los objetivos de esta normativa, que se aprueba en cumplimiento al Estatuto de Autonomía de Baleares, son "promover la difusión de los valores constitucionales y estatutarios; informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y deberes; dar a conocer los programas, servicios y actuaciones públicas; informar del contenido de las disposiciones normativas y actas que por su relevancia así lo aconsejen; entre otros puntos.

Asimismo, esta normativa regula el límite presupuestario que puede destinar una administración a la publicidad institucional, al tiempo que establece que no se podrá pagar las campañas a precios superiores a la media del mercado.